Santa Cruz, 22 feb. (Creemos).- La senadora Centa *Rek ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una solicitud de medidas cautelares (MC) para el dirigente cocalero de ADEPCOCA y preso político del actual régimen, Cesar Apaza*, quien se encuentra en un hospital de La Paz, paralizado de medio cuerpo y sin poder hablar debido a un accidente cerebro bascular; donde, además lo tienen encadenado en su cama.

La solicitud de Rek ha sido presentada a solicitud y en coordinación con la esposa del dirigente cocalero, como exige los requisitos de la CIDH, para que esta “medida protectiva sea otorgada de inmediato, es urgente, no puede la CIDH cerrar los ojos a esta situación que están presentando los presos políticos en Bolivia”.

“A solicitud de la esposa del dirigente cocalero Julio Cesar Apaza, recluido desde septiembre pasado en el penal de Chonchocoro de La Paz, quien fue secuestrado por fuerzas policiales de manera abrupta y violenta como muchos presos políticos, he cursado una solicitud a la CIDH para que este organismo tome conocimiento de la situación de salud y de riesgo de vida de este dirigente cocalero, preso político en la actualidad”, explicó Rek

La senadora, resaltó que lo que sucede con Apaza y otros 22 cocaleros de Adepcoca detenidos preventivamente en la cárcel de Chonchocoro es de extrema gravedad, porque la familia y la abogada defensora han denunciado torturas contra el líder cocalero, por lo que ha pedido se le practiquen exámenes forenses independientes que determinen la verdadera causa del accidente cerebro vascular sufrido por Apaza.

“Denunciar también que la familia y la abogada del señor Apaza me han reconfirmado que los cocaleros reciben torturas desde las 2 de la mañana todos los días en el penal de Chonchocoro; estos excesos deben ser investigados; porque no es posible que a título de cárcel de máxima seguridad se tengan detenidos preventivos en este recinto carcelario, donde también se encuentra el gobernador Luis Fernando Camacho, secuestrado también y en detención preventiva”, manifestó Rek.

Todos los bolivianos conocemos que Cesar Apaza está detenido por defender la legalidad, por defender la vigencia de un solo mercado de la coca, establecido por ley; sin embargo, el gobierno, en especial el actual Ministro de Gobierno, han buscado una y mil formas para quebrantar la ley y poner un funcionamiento un segundo mercado de la coca, totalmente ilegal. La lucha llevada adelante por Apaza en defensa de la legalidad para la comercialización de la hoja de coca no es perdonada.

“La familia denuncia que el dirigente ha tenido malos tratos incluso en las instalaciones del hospital de donde se encuentra en la actualidad. Un medico enviado por el penal ha tenido acciones inexplicables, violentas pretendiendo hacerle un examen neurológico para que vuelva a la cárcel cuando no está en condiciones de volver al penal”, añadió Rek.

A tiempo de anunciar una solicitud de investigación sobre posibles casos de tortura en la cárcel de Chonchocoro, *Rek se preguntó dónde está el Defensor del Pueblo para verificar la situación de los detenidos políticos. “Dónde está el Defensor del Pueblo; dónde están la organizaciones encargadas de velar por a seguridad de las personas privadas de libertad?*… sabemos que Apaza ya fue recibido en el penal con una golpiza en el penal y era de conocimiento de las autoridades del penal y del gobierno”, cuestionó.

En el formulario de solicitud de medidas cautelares de la CIDH, en su punto ii), pide: “Explicar las razones por los cuales la situación alegada sería grave, urgente y requeriría medidas cautelares para prevenir daños irreparables en los términos del artículo 25 del Reglamento:”; ante lo cual Rek expone: “Gravedad: El propuesto beneficiario quien también fue y es víctima de tortura, se encuentra en una situación grave, su vida corre peligro al padecer de una cuadriplejia, acompañado de una pérdida de conciencia, memoria y visión. Su abogada ya había presentado varias peticiones y requerimientos ante la Comisión de Fiscales solicitando su atención médica en el Penal de Chonchocoro sin embargo todas sus peticiones fueron desatendidas, así como las denuncias por torturas y tratos crueles cometidos por los civiles que lo secuestraron y los policías de la FELCC. Para lograr su traslado al Hospital de Clínicas, su abogada debió implorar la atención previo diagnóstico del médico del Gobernador Luis Fernando Camacho que también se encuentra en el mismo centro penitenciario con detención preventiva”,

Por todo ello, la legisladora espera que en esta oportunidad la CIDH actúe con celeridad en este caso y de todos los detenidos políticos, muchos de los cuales están secuestrados y serían víctimas de torturas físicas y psicológicas en Chonchocoro, sin contar con una sentencia.