Un proceso irregular de compra para la adquisición de una cámara espía, dos semanas antes del secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirma las sospechas sobre la planificación de ese operativo, denunció la diputada por Creemos, María René Álvarez.

«Los documentos de adjudicación y del Sicoes muestran que un sujeto aparece ofreciendo productos de infusiones para los almacenes del Ministerio de Gobierno, pero de forma sorprendente, en los papeles, termina vendiendo una cámara de seguridad, cables y conectores al mismo precio de los mates y el café», explicó Álvarez.

De acuerdo con el formulario de información de procesos con publicación de invitación, expedido por el Ministerio de Economía, el ciudadano José Luis Castro Vera se presenta a la adjudicación tanto como empresa unipersonal como de manera particular.

En el rubro de empresa aparece como representante de Linktec con sucursal en la calle Murillo de La Paz, con dos propuestas de venta de café instantáneo en Bs 4.100 y Bs 13.500, por un valor total de Bs 17.600. Los productos son adjudicados para los almacenes del Ministerio de Gobierno y firma como responsable de registro y envío de información Guido Boris Ajuacho en fecha 3 de noviembre de 2022.

En otro documento, de manera irregular, figura como ítem unas cajas de mates, pero en la casilla de descripción del bien o servicio se mezcla con “100 metros de cable UTP de fibra óptica”. A continuación aparecen como otros ítems una mini cámara de seguridad marca Dahua y más abajo conectores VGA analógico y digital.

Con ese intempestivo cambio de productos, de mates a cables y cámaras, el formulario 500 de recepción de obras, bienes y servicios del Sicoes, muestra a la empresa unipersonal Castro Vera José Luis como proveedor de Bs 5.875 por los 100 metros de cable, Bs 4.100 por la mini cámara y Bs 13.500 por los conectores VGA.

Los productos fueron entregados el 10 de diciembre de 2022 a almacenes del Ministerio de Gobierno y la recepción se registra el día 14, dos semanas antes del secuestro del gobernador cruceño.

«La compra de esa cámara espía, dos semanas antes del secuestro, nos confirma las sospechas de que la dictadura de Arce y su ministro de Gobierno ya tenía un plan llevar a Chonchocoro al gobernador de Santa Cruz, como habían amenazado desde el oficialismo para descabezar a los líderes cruceños. Todo ello, preparado y coordinado con los operadores del sistema de justicia, que solo obedecen órdenes políticas, pero también con la colaboración de otros actores políticos que en su momento serán desenmascarados por traicionar al pueblo de Santa Cruz», agregó la legisladora.

Para la diputada de oposición el proceso irregular de adjudicación, al cambiar el ítem de mates a cables, se constituye en un delito administrativo, «pero haber comprado una cámara con las mismas características de la que se encontró en la celda del gobernador Luis Fernando Camacho, violando su intimidad, su derecho a la privacidad y los derechos humanos de él y su familia, solo tiene el calificativo de cobardía y terrorismo de Estado».

Álvarez anunció que pedirá informes al Ministerio de Economía y el Ministerio de Gobierno para establecer responsabilidades en este caso.

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