Informe del avance de las denuncias penales contra asambleísta y ex director de Recursos Hídricos

Informe del avance de las denuncias penales contra asambleísta y ex director de Recursos Hídricos

Procesos. Se ha fijado una nueva audiencia cautelar este 4 de julio a las 15:00 para que Shirley Hurtado preste su declaración informativa; mientras tanto, Javier Porras está declarado en rebeldía y se encuentra con mandamiento de aprehensión. Santa Cruz, 28 de junio de 2024.– La Gobernación cruceña, por intermedio del secretario de Justicia Carlos Eduardo Correa, informó sobre el avance de dos procesos penales de investigación referente a las denuncias contra la asambleísta departamental Shirley Hurtado y el ex director de Recursos Hídricos Javier Porras, respectivamente. El supuesto delito contra la asambleísta es por concusión ante la denuncia de venta de ítems, cuya audiencia ha sido señalada para este 4 de julio a las 15:00 horas a objeto de que preste su declaración informativa policial, y que haga uso a su derecho a la defensa y pueda presentar sus respectivos descargos ante el Ministerio Público. Cabe recordar que ya hubo una suspensión de audiencia, por cual esta es su segunda citación. En este punto, Correa descartó que haya orden de aprehensión oficial contra la acusada, sino que hubo una confusión entre la autoridad departamental y su abogado, por lo que no se llevó adelante dicha orden. Afirmó que la Gobernación está actuando en el proceso como denunciante y mediante la Policía ha colaborado en la colección de las pruebas. Y con respecto a que existiría una víctima más de las supuestas ventas de ítems, Correa explicó que aún se desconoce si se ha adherido la misma en el cuaderno de investigación. “Que no se engañe a la gente, que no caiga en cobros, en pagos, en venta de ítems, porque todo tiene una estructura marcada para poder ser funcionario de esta institución”, aclaró. Por otra parte, en el caso de la investigación contra el ex director de Recursos Hídricos explicó que es por malversación de fondos debido a la compra de una perforadora para pozo de agua a un precio de unos Bs 270.000, contratación de la cual hubo irregularidades al cerciorarse que en el mercado libre el precio estaba casi menos de la mitad; su caso es diferente al de la asambleísta debido a que este no se presentó a una audiencia cautelar. En este sentido, el fiscal lo ha imputado al encontrar suficientes indicios en la etapa preliminar para sustentar su culpabilidad, motivo por el cual está declarado en rebeldía y se tiene librada una orden de aprehensión en su contra, además que cuenta con medidas cautelares, como el congelamiento de sus cuentas personales, arraigo y anotación preventiva de bienes. De la misma manera, la Gobernación hace constante seguimiento a este caso para poder llegar a la verdad histórica de los hechos.

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