(CREEMOS – 23 agosto 2023).-* La Comisión de Política Social, presidida por el diputado Walthy Egüez, rechazó por unanimidad el recurso de Amparo Constitucional interpuesto por el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, orientado a evitar todas las futuras interpelaciones a autoridades de Estado, además de evadir los cuestionamientos sobre el desempeño de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.

El presidente de esta instancia legislativa expresó su preocupación por las acciones judiciales que se toman desde el Órgano Ejecutivo, resultado de faltas administrativas en la canalización de la documentación legislativa atribuibles a la Presidencia de la Cámara de Diputados, dando lugar la manipulación jurídica y política a fin de evadir su responsabilidad de explicar al país sobre el cumplimiento de responsabilidades.

“Nos traslada un problema (la Presidencia de la Cámara de Diputados) que nos puede hacer ver a los miembros de esta Comisión (de Política Social) como los causantes de que no existan más interpelaciones y no se pueda fiscalizar desde la Cámara de diputados”, cuestionó Egüez, tras enfatizar que la ALP debe precautelar su atribución constitucional de fiscalizar el desempeño de los actuales gobernantes.

Entendiendo el grave riesgo de vulneración del derecho ciudadano de acceso a la información y la capacidad de fiscalización de los legisladores, la Comisión de Política Social, por unanimidad, resolvió fijar el 6 de septiembre de 2023 fecha para que el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, preste su Informe Oral ante esta instancia.

De igual forma, determino remitir sendas notas al presidente del Órgano Legislativo, David Choquehuanca Céspedes, haciéndole conocer la “negligencia” desde la Presidencia de Diputados afectando la institucionalidad del primer poder del Estado o la pretensión de judicializar toda acción fiscalizadora.

Además del airado rechazo al accionar del ministro Montenegro, la Comisión de Política Social también asumirá las acciones legales ante la Sala Constitucional Primera de la Corte Departamental de Justicia de La Paz y exigirá se tomen las disposiciones administrativas que correspondan en la Presidencia de Diputados y de la Asamblea Legislativa.//