En 2023, cada día se cometió una vulneración a la institucionalidad democrática en Bolivia
La presentación de personas sospechosas de cometer un delito ante los medios de comunicación o por redes sociales es una práctica común desde el Ministerio de Gobierno o la Policía Nacional. Este tipo de actos vulneran la presunción de inocencia, pero, además, es una manera de mellar la dignidad de personas que no han sido juzgadas por el delito que se les atribuye. Estos casos, y otros de diversa índole, atentan contra la institucionalidad democrática en el país, que en 2023 tuvo al menos una vulneración por día, según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
De acuerdo con el Observatorio, en 2023 se han cuantificado 379 casos de vulneración a la institucionalidad democrática en Bolivia, agrupados de la siguiente manera: Actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, 232; Procedimientos no basados en la norma, 88; Corrupción de autoridades, 23; Falta de independencia de Órganos del Estado, 12; Falta de transparencia y acceso a la información, 9; Acoso político, 5; Incumplimiento de normas relativas a la duración de autoridades y funcionarios en sus cargos, 3; e incumplimientos de procesos adecuados en la elección de autoridades, 2.
En comparación con otros años, de 2021 a 2023 los casos de vulneración a la institucionalidad democrática se han sextuplicado. En 2021 se contabilizaron 62 actos de vulneración, en tanto que, en 2022, la cifra llegó hasta 199, éste último, significa un aumento del 53%.
“La institucionalidad democrática implica, al menos, la separación, independencia y equilibrio de poderes del Estado, el ejercicio efectivo de derechos políticos a través de elecciones libres y justas, de derechos civiles, y el respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad”, desglosa el Informe de Situación 2023, presentado por UNITAS, en el que se especifican los casos de vulneración a la Institucionalidad democrática, las libertades fundamentales y el derecho a defender derechos.
Este martes en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz se presentó el Informe de Situación 2023 del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, una herramienta que visibiliza el estado de situación de las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos en Bolivia, cuya finalidad es la exigibilidad de derechos.
Presunción de inocencia
Una de las vulneraciones contra la institucionalidad democrática tiene que ver con la presentación de presuntos delincuentes ante los medios de comunicación o las redes sociales, práctica frecuentemente recurrida por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y comandantes de diferentes fuerzas policiales.
De acuerdo con los datos del Observatorio, Del Castillo acumula 192 actos de vulneración a la institucionalidad democrática, predominantemente por la exposición de presuntos sospechosos de manera pública. Según los datos, los cinco grupos de actores que más han vulnerado la institucionalidad democrática, además de las autoridades del Órgano Ejecutivo, son: la Policía, la Fiscalía, las autoridades del Órgano Judicial y autoridades del nivel municipal.
“Entre el 28 de enero y el 28 de diciembre de 2023, el ministro Eduardo del Castillo y los oficiales policiales a su cargo llevaron a cabo la presentación pública de 212 presuntos delincuentes ante medios tradicionales y digitales. Este comportamiento no solo persistió a lo largo de todo el año, sino que se repitió mensualmente evidenciando el incumplimiento de procedimientos legales básicos y garantías del debido proceso. Vale decir, el ministro vulneró, en promedio, los derechos de 18 personas cada mes y los de 4 cada semana del año”, menciona el informe.
La presentación pública de personas vinculadas, por ejemplo, al narcotraficante Sebastián Marset o quienes fueron detenidos por la aeronave de Boliviana de Aviación que fue encontrada con media tonelada de droga en España, son actos que “muestran cómo un derecho constitucionalmente garantizado como la presunción de inocencia, puede ser vulnerado cuando es útil para fines políticos”, según el informe.
Transgresiones a la institucionalidad desde los niveles subnacionales
Los casos de corrupción son los más evidentes en esta categoría. Por ejemplo, está la sentencia a cinco años de cárcel para el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, autor de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, dentro del caso denominado “comidas”. El hecho se produjo el mes de abril de 2020, cuando Leyes emitió un decreto municipal en el que autorizaba, por emergencia de bienes y servicios, la compra de alimentación para policías y militares, a través de una empresa de distribución de comida.
También se citan otros casos, como la determinación judicial que demanda que el exalcalde y exfutbolista, Luis Gatty Ribeiro, sea enviado con detención preventiva en la cárcel de Villa Busch, por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación de fondos en un caso de compra de luminarias para Cobija. También salta el inicio de un proceso legal, tras 10 años de retraso, contra el exalcalde de Colcapirhua, Milton Garabito, por la acusación de presuntas irregularidades en la construcción de un coliseo.
El caso del gobernador de Potosí, Johnny Mamani, por la compra fraudulenta de 41 ambulancias, es otro caso registrado por el Observatorio. Al igual que el caso del alcalde de Potosí, Jhonny Llally, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual con agravante y por tal razón fue enviado a la cárcel con detención preventiva. También está el caso del alcalde del municipio de Santa Rosa del Abuná en Beni, Abner Beltrán, quien fue aprehendido por la Policía debido a agresiones físicas contra su expareja.
Uso del poder para violar a la normativa
Además, UNITAS, desde su Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, menciona cómo autoridades de otros órganos del Estado, como el Legislativo, también transgreden a la institucionalidad democrática a través del uso del poder para violar la normativa vigente. Es el caso del diputado del MAS, Patricio Mendoza, quien, después de un accidente de tránsito, el 27 de marzo de 2023, admitió de manera soberbia que conducía sin licencia, minimizando la gravedad del hecho.
Otro caso es el del diputado Ányelo Céspedes, también del MAS, que incitó a las organizaciones sociales del Beni a registrar en «libros negros o azules» a aquellos considerados «traidores» al proceso de cambio, aludiendo a los seguidores del presidente Luis Arce.
El informe cita también el caso del diputado Juan José Jáuregui (MAS), quien en octubre fue denunciado por extorsionar a mujeres ofreciéndoles empleo a cambio de presuntas relaciones sexuales, incluso con víctimas menores de edad. También menciona el caso del legislador Iván Canaviri (CC), quien planteó una ley para regular los bloqueos de caminos y que no duren más de 30 minutos, ésta última acción tiene que ver con la vulneración a los estándares de derechos humanos sobre el derecho a la protesta.
Prórroga de magistrados, el evento más crítico
Dentro de los casos de mayor relevancia en la vulneración a la institucionalidad democrática se encuentra la prórroga de mandato de magistrados del Órgano Judicial que se dio en diciembre de 2023, pero sus antecedentes se retrotraen a inicios de ese año, con las deliberaciones por el proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales.
Un análisis realizado por la Veeduría Ciudadana, citada en el informe, recuerda que esta coalición de organizaciones de la sociedad civil, identificó 30 irregularidades en cinco estándares internacionales que deben regir todo proceso de elección: independencia, idoneidad, inclusión, transparencia y exigibilidad.
“Este es uno de los eventos más críticos para la institucionalidad democrática registrados durante 2023 y supone un concurso de violaciones en el que se ven involucradas, directa o indirectamente, autoridades del órgano ejecutivo, legislativo y judicial”, se lee en el Informe de Situación 2023.
Advierten sistemática vulneración de derechos, impunidad e injerencia política durante la presentación del Informe de Situación 2023
Presentación del Informe de Situación 2023 de UNITAS. Foto: Sumando Voces
Durante la presentación del Informe de Situación 2023, que fue elaborado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la red UNITAS, los expositores y participantes advirtieron sobre la vulneración sistemática de derechos, la injerencia política en la institucionalidad y la impunidad que existe en el país, como signo de la concentración de poder.
El informe sobre el estado de las libertades fue presentado este martes en La Paz, en presencia de defensores de derechos, líderes de opinión, representantes del Estado, del cuerpo diplomático y representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil que llegaron de diversos puntos del país.
El documento establece que el año pasado se registraron 743 casos de vulneración de derechos, de los cuales 379 corresponden a vulneraciones a la institucionalidad democrática, que representan el 51% del total. Luego, le siguen las vulneraciones a la libertad de prensa con 143 casos, a la libertad de reunión y de protesta con 68 casos, libertad de asociación con 61 casos, derechos de los defensores con 51 casos y a la libertad de expresión con 41 casos.
El informe fue presentado por la directora de UNITAS, Mila Reynolds, y fue comentado por la socióloga María Teresa Zegada; por la periodista Maggy Talavera, y por el defensor de derechos, Edwin Limachi.
El reporte “reafirma una tendencia creciente que nos preocupa. En los últimos tres años hay un incremento sostenido en los casos de violación a la institucionalidad democrática. En relación con las demás categorías monitoreadas, las vulneraciones que atentaron contra la institucionalidad democrática experimentaron el mayor incremento cuantitativo el 2023 (379 registros, 51% del total de registros)”, dijo Reynolds, quien explicó que esta categoría se refiere a la separación, independencia y equilibrio de los órganos, al ejercicio efectivo de derechos políticos, a través de elecciones libres y justas, y al respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad.
Señaló que “el debilitamiento de la institucionalidad democrática también se refleja en el incumplimiento de las normas, del debido proceso y del acceso a la justicia; en el uso excesivo de la fuerza y el abuso policial en contra de periodistas y manifestantes, los agravios y la censura a medios de comunicación, que además agravan la situación de la libertad de prensa y de expresión”.
Mila Reynolds, directora de UNITAS
Lo político se impone a la institucionalidad
Zegada, quien llegó de Cochabamba para comentar el informe en el acápite referido a la institucionalidad democrática, indicó que llama la atención que quienes más vulneran los derechos son las autoridades de gobierno y los funcionarios del Ejecutivo.
Indicó que estos datos se explican por “la injerencia política abierta en la institucionalidad del país”, lo que significa que existe un predominio de lo político sobre las reglas que debíamos respetar. “Esto ha trascendido a otros planos, como la judicialización de la política y el uso del órgano judicial con fines políticos”, indicó la especialista, citando como el mayor ejemplo, los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Cuando lo político predomina se pasa por alto las reglas, las normas, se limita los derechos de la gente”, enfatizó Zegada.
Si bien Zegada afirma que existe un deterioro de la democracia en toda América Latina, indica que en Bolivia está ocurriendo un agravamiento de la situación, como lo corroboran los datos revelados por el Informe de Situación.
“Otro aspecto que quizá explica este agravamiento es esta sensación de impunidad que hay en Bolivia, falta de sanciones o las sanciones selectivas, que se da por ejemplo cuando dos personas pueden cometer el mismo crimen, pero a una se la castiga y a otra no”, ejemplificó.
El tema de la impunidad ha sido constantemente mencionado durante el acto de presentación del Informe de Situación, porque su existencia deja en la indefensión a los ciudadanos y ciudadanas.
María Teresa Zegada, socióloga.
Prensa acosada
La periodista Maggy Talavera, que arribó desde Santa Cruz para comentar las vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa, considera que las vulneraciones a los seis libertades observadas (institucionalidad democrática, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión y de protesta, libertad de asociación y derechos de los defensores) “nos permite ubicar en su real dimensión la alarmante situación en la que está Bolivia y la que estamos viviendo los bolivianos por las sistemáticas vulneraciones de nuestros derechos”.
Talavera comentó que, si bien el 2023 hubo 143 casos de vulneraciones a la libertad de prensa, estos persisten en 2024. Citó el caso concreto del periodista de El Deber, Guider Arancibia, que fue amenazado por un narco el 2023 y que este año también fue amenazado, pero por un candidato a magistrado y en plena redacción del periódico.
Talavera, quien es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, lamentó que los dueños de los medios de comunicación no acompañen las denuncias que realiza el gremio y que, por el contrario, “hayan pedido a sus trabajadores que mantengan bajo perfil” lo que, en su criterio, deja en la indefensión y la precariedad laboral a sus trabajadores. Calificó este hecho como gravísimo porque alienta la impunidad y la repetición de casos.
En ese contexto de vulneraciones a la libertad de prensa, dijo que se están cerrando medios de comunicación, otros están siendo comprados por grupos afines al MAS y muchos están siendo asfixiados, por lo que indicó que se está imponiendo “una manera perfeccionada de vulnerar las libertades y los derechos”.
Eso, en su criterio, lleva a una aparente reducción de casos, concretamente en el derecho de la libertad de reunión y protesta, pero que en el fondo denota el miedo de la gente a la protesta. El informe indica que esta reducción se debe a la reducción del número de conflictos el año pasado.
Maggy Talavera, periodista.
Defensores criminalizados
Edwin Limachi, que es autoridad de la jurisdicción indígena originaria de Zongo, expuso su propio caso para dar a conocer la vulneración de los derechos de los defensores. Indicó que los jueces y autoridades indígenas están siendo criminalizados y perseguidos por la justicia ordinaria por oponerse a la minería ilegal.
Dijo que esta vulneración se viene dando desde hace 14 años, pese a que la Constitución reconoce la jurisdicción indígena y la ubica en el mismo nivel de jerarquía que otras jurisdicciones.
“Me han iniciado proceso penal el año pasado en La Paz, hemos hecho los argumentos legales de nuestro ámbito de vigencia y nos inician otro proceso con el mismo argumento en la ciudad de El Alto, a qué estamos jugando”, dijo el representante de los defensores de Zongo. “Nos hacen sentir desamparados”, concluyó.
Edwin Limachi, defensor de Zongo.
Reynolds destacó que UNITAS presenta el informe de situación desde el año 2013 y que éste “se constituye en una herramienta para la exigibilidad de derechos en los siguientes ámbitos: el litigio estratégico, la incidencia nacional e internacional sobre la situación de las libertades fundamentales en Bolivia y la denuncia pública de casos de vulneración a estos derechos”.
El responsable del Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de UNITAS, Rodolfo Huallpa, explicó que el informe se enfoca en libertades fundamentales y no en todos los derechos humanos, y que sus fuentes de información son 26 medios de comunicación a los que se hasce un monitoreo diario, entrevistas a personas cuyos derechos fueron vulnerados, lectura de denuncias públicas, informes institucionales, casos de vulneraciones que hace seguimiento el Programa Defensores de UNITAS y cuentas específicas de redes sociales.
