SIETE PERSONAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA Y UNO CON DOMICILIARIA POR HECHOS VIOLENTOS EN LLALLAGUA
Prensa FGE, Oruro (14.06.2025).- El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que en el marco de las investigaciones por los hechos violentos registrados en la localidad de Llallagua, al norte del departamento de Potosí, se logró la aprehensión de ocho personas, de las cuales siete fueron enviadas con detención preventiva por el lapso de cinco meses; entre ellas tres menores de edad, mientras que un adulto mayor de 70 años recibió detención domiciliaria debido a su estado de salud. Las personas están siendo procesadas por los delitos de Asesinato, Tentativa de Asesinato, Lesiones Graves y Gravísimas, portación ilícita de armas, destrucción de bienes del Estado y otros ilícitos conexos. “Los tres adolescentes identificados como Jh.L.C. de 17 años, J.D.V.C. y B.V.S., ambos de 15, fueron encontrados en posesión de artefactos explosivos y, en distintas audiencias de medidas cautelares, dos autoridades jurisdiccionales de la capital orureña determinaron su reclusión preventiva en el centro para menores infractores Renacer. Asimismo, Benito P.F. de 58 años, Basilio R. M. de 56, Gumer L. Ch., de 29 y Rubén L. M., de 26, fueron enviados preventivamente al penal de San Pedro, mientras que al adulto mayor Leocadio T.Ch., de 70 años se le impuso la medida de detención domiciliaria, sin autorización de salidas, bajo control policial permanente”, explicó Morales. Durante los actos investigativos, el Ministerio Público también logró identificar que algunas de estas personas presuntamente financiaban los bloqueos y disturbios, encontrándose en su poder una suma cercana a los 100 mil bolivianos, aparentemente destinada al pago de estipendios para quienes ejecutaban las medidas de presión. Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la ubicación de las armas utilizadas, identificar a los autores materiales e intelectuales y esclarecer plenamente los hechos que derivaron en la muerte de tres efectivos policiales y un menor de edad, además de poner en grave riesgo la seguridad de la sociedad en su conjunto. Las investigaciones continuarán de manera coordinada entre las Fiscalías Departamentales de Oruro y Potosí, junto al Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, para esclarecer a este caso y sancionar a todos los responsables conforme a la normativa legal vigente.
