Firmas por referéndum para reformar la justicia sólo llegaron a 800 mil, cuestionan la burocracia impuesta

ACABÓ EL PLAZO, PERO LA GESTA CONTINÚA

1. En el curso de estos 90 días, la adhesión de 833.115 personas a la Propuesta Ciudadana para la transformación estructural de la justicia, ha generado una movilización democrática no vista antes en el país, por lo que nos queda claro que ese plazo burocrático, casi mezquino, que nos impuso el Estado no es el plazo histórico, porque este 23 de abril concluyó la recolección de firmas pero no la demanda nacional de una administración de justicia libre de corrupción, de retardación, de exclusión y de subordinación política.

La transformación de la justicia no tiene plazo calendario en la medida en que debe realizarse indefectiblemente hoy o mañana, y su no realización le está poniendo un plazo perentorio y peligroso a la convivencia democrática y al Estado de Derecho.

No hemos fallado los impulsores de esta cruzada que no logró el millón y medio de adhesiones, porque dimos todas las batallas hasta el último momento, y mucho menos han fallado las 833.115 bolivianas y bolivianos que decidieron ser parte de la misma. Hemos avanzado un buen trecho de un camino nuevo que ahora sí está abierto y que tiene que continuar abriéndose para seguir avanzando, hasta liberar la justicia del secuestro político y sacarla de la profunda crisis en que se encuentra.

Hemos tenido más dificultades que posibilidades, pero aun así, hemos generado una verdadera corriente nacional en torno a una causa justa y noble: un sistema judicial al servicio de la gente. Esa causa está inscrita en la agenda nacional de manera indeleble; es una causa ciudadana sin color político partidario, es transversal a todos los sectores sociales y regiones y, por lo mismo, es tarea de todas y de todos continuarla y culminarla.

2. Lo hemos dicho reiteradamente, antes y durante estos tres meses: una administración judicial cooptada y subordinada al poder político de turno, ha convertido un servicio público en mecanismo de control autoritario de la sociedad. Una justicia con operadores mediocres, especialmente en su cúpula, ha convertido la crisis judicial en una tragedia que la sufre el país en el mal servicio, la falta de acceso y la corrupción generalizada.

Una justicia con un presupuesto miserable imposibilita el trabajo eficiente de varios jueces probos, honestos y capaces que, sin embargo, son la excepción difícil de visibilizar entre una mayoría amorfa de improvisados, afectos al enriquecimiento ilícito, la genuflexión y el prevaricato.

Un servicio judicial que debería controlar al poder político, resguardar los Derechos Humanos, resolver los conflictos y garantizar la paz social, es un privilegio para pocos que, contradictoriamente, retroalimenta la trampa del pleitismo. Por eso hoy debemos ratificar los contenidos profundos de nuestra propuesta de Reforma que busca jueces idóneos e independientes, un presupuesto digno y una justicia que llegue a todos, especialmente a los barrios populares, las áreas rurales y los pueblos originarios.

Esas tres bases de nuestra Propuesta, encarnada hoy en cientos de miles de bolivianos, está más vigente que nunca y debe ser parte de la agenda democrática pendiente.

3. Las más de 830.000 adhesiones lograron vencer solo parcialmente los grandes escollos que tuvimos. El temor, la indiferencia y la desinformación, especialmente generadas en una década y más de autoritarismo y de frustraciones colectivas, mantuvieron distantes de los libros a miles de ciudadanos que vieron en riesgo sus empleos, que no llegaron a informarse, que creyeron algunas falacias gubernamentales o que, en medio de varias decepciones, no pudieron renovar las esperanzas.

Por ello, los cientos de miles que confiaron y firmaron pueden tener la seguridad que sus datos serán celosamente custodiados, y que no permitiremos ninguna utilización por nadie.

Nuestro voluntariado ciudadano siendo una fortaleza, se mostró también como una debilidad que solo en parte logró superar la falta de recursos, de estructura organizacional, de llegada al extenso territorio nacional, a sus áreas rurales y a los jóvenes.

Es evidente que no dimensionamos bien el tamaño del desafío y tal vez sobrevaloramos lo que parecía una gran demanda social por la Reforma. Veinte por ciento del padrón electoral, vale decir un millón y medio de firmas ciudadanas en 15.000 libros, resultó siendo una cuesta demasiado empinada para ser escalada en solo 90 días. Y también es evidente que la urgencia inaplazable de la reforma judicial es un convencimiento de la mayoría que, sin embargo, no llega a ser permanentemente en las preocupaciones cotidianas o, al menos, no se muestra fácilmente como un objetivo que merezca la movilización activa.

4. Nuestra Propuesta de Reforma no estuvo dirigida contra el gobierno y no provenía de la oposición política. Sin embargo, los primeros que se sintieron afectados fueron los titulares de los órganos de Estado que, de inicio, percibieron que el cambio judicial era un primer paso para remover un sistema asentado en el silenciamiento de la sociedad, la impunidad de los poderosos y en el desconocimiento progresivo del Estado de Derecho. Las trabas estatales fueron permanentes; el Órgano Electoral demoró casi 5 meses en aprobar las preguntas y autorizar los libros; nos rechazó sin justificativo alguno el uso del sistema informático para las adhesiones, convirtiendo así el trámite en una difícil carrera de obstáculos que culminó con la valla final de exigirnos que transcribamos, en un soporte informático, la integridad de todas y cada una de las partidas registradas, sin atender nuestros argumentos técnicos: para ello se necesitan, al menos, 200 personas que transcriban los datos en sus respectivas computadoras durante 2 meses en tres turnos de 24 horas, a un costo de varios millones de bolivianos.

Nuestra impugnación fue rechazada por el TSE y, contra toda lógica jurídica, una Sala Constitucional de La Paz, ante nuestro recurso de Amparo, validó el torpe razonamiento de que un “Reglamento” debe aplicarse por encima de la Constitución, dejando en calidad de papel mojado el texto de la Ley Suprema que consagra la primacía constitucional y la Democracia Directa. Alertamos que esa Democracia Directa está siendo negada por la burocracia reglamentaria del Órgano Electoral y por el hegemonismo estatal que quiere mantener secuestrada a la justicia.

5. El Órgano Ejecutivo, a través de su ministerio de justicia, descalificó reiteradamente nuestra Propuesta, tachándola de “inconstitucional” primero, y después desahuciándola por “falta de tiempo”. Tuvimos que revelar el cinismo de quienes fracasaron durante dos años y medio en sus superficiales intentos de “reforma”, al tiempo que desinformaban por todos los medios posibles respecto a nuestra Propuesta y sus contenidos.

Varios voceros de la mayoría parlamentaria se sumaron a la descalificación y optaron por “acelerar” el proceso de selección de postulantes para las “nuevas elecciones judiciales” de este fin de año, acentuando la desinformación y cierto desánimo. Ese “proceso”, actualmente paralizado, de continuar, solo tiene el destino de repetir el manoseo político de las postulaciones y la selección partidocrática de los candidatos que, como en 2011 y 2017, solo calificaron por militancia o afinidad gubernamental, haciendo de esas pasadas “elecciones” una burla rechazada por la mayoría que votó blanco o nulo, lo que no impidió que el poder de turno copara por completo el Órgano Judicial, convirtiendo la crisis de la justicia en la tragedia que hoy sufrimos todos.

6. Los ciudadanos que firmaron la Propuesta de Reforma han marcado un hito histórico. Es la primera vez que más de 830.000 bolivianos y bolivianas, a cambio de nada, sin ningún cálculo, salieron de la inacción y el pesimismo, y derrotaron el miedo, la desinformación y la apatía; todos nos dieron su aliento, hicieron pequeñas pero esenciales contribuciones en dinero y en especie y, en la práctica, esos cientos de miles, con su firma, le dijeron al Estado y al resto de la sociedad que tiene que terminar el silencio impuesto y el temor al cambio; ellos han prendido una luz invaluable de esperanza, sentando así las bases de la reconstitución, para hoy y para mañana, de un legítimo poder constituyente ciudadano que será el bastión inamovible de la defensa de la Democracia.

Y los héroes, fueron sin duda los voluntarios y voluntarias de todas las edades y sectores. Ellos, no más de 150, estuvieron casi de sol a sol 90 días, no solo en las capitales de los 9 departamentos, sino también entre los pueblos originarios de tierras altas y bajas, en la selva amazónica de Ixiamas, Rurrenabaque y Puerto Rico, en el Chaco Tarijeño, en los Yungas de La Paz, en el norte integrado cruceño, en el Valle alto y bajo de Cochabamba, en Llallagua, Tupiza y Villazón, en los barrios alteños, en casi todo el territorio nacional. Lo saben pocos, pero al menos 680 firmas, además de las 833.115 recabadas, enviaron nuestros compatriotas que viven en el Estado norteamericano de Virginia, y que son la representación de miles de bolivianos que están fuera de la Patria, que la palpitan a diario, y cuyo pedido de libros desde Europa y Latinoamérica no pudimos atender por nuestras limitaciones operativas.

Los promotores iniciales no estuvimos solos. Nos acompañaron la Conferencia Episcopal, la Fundación Jubileo, Unitas, Tierra, el movimiento cívico nacional, los docentes universitarios, la Asamblea de Derechos Humanos, las Iglesias Evangélicas, la Asociación Nacional de Periodistas, varios colegios de abogados, los cocaleros de los Yungas, el CONADE, connotados dirigentes políticos, gran número de intelectuales, la dirigencia vecinal de las principales urbes, los choferes del Sindicato “1ro de Mayo” y varios empresarios que, junto a fundaciones de cooperación nacional y europea, proveyeron los recursos con los que le dimos forma a una campaña que, finalmente, convirtió a la Reforma en causa Nacional y Democrática.

Los Juristas Independientes, que elaboramos y alentamos la Propuesta de Reforma sin calculo ni aspiración política alguna, nos mantendremos activos como grupo, pero sobre todo como parte de esa enorme multitud de ciudadanas y ciudadanos que fueron los protagonistas irreemplazables de esta gesta que no ha concluido, que solo ha comenzado.

Por ello hoy, todas las fuerzas democráticas de la sociedad, debemos exigir al liderazgo político nacional, la viabilización de la Reforma Judicial estructural, con una ley de reforma parcial de la Constitución, convocando a Referendo Popular, en base a la gran legitimidad y los contenidos esenciales de nuestra Propuesta Ciudadana.

JURISTAS INDEPENDIENTES

CRUZADA NACIONAL POR LA JUSTICIA

Bolivia, 25 de abril de 2023

FIRMAS DE ADHESIÓN A LA REFORMA JUDICIAL

Total Departamentos y Total Nacional (*)

DEPARTAMENTO

TOTAL FIRMAS

La Paz

163.942

Santa Cruz

304.990

Cochabamba