Leyes aprobadas anteriormente perjudican el Censo 2022 porque centralizan la información y hay manipulación
El tema del Censo de Población y Vivienda 2022 no deja de tener observaciones por leyes que fueron aprobadas con anterioridad y que están relacionadas con la centralización de la información, la manipulación y manejo de tan importante evento que, en definitiva, tiene que ver con el modelo de desarrollo político, económico y social del país a futuro.
Recordar que en noviembre de 2021 se aprobó una de las leyes que denunciamos desde la oposición, la Ley de Estadísticas Oficiales de Bolivia. Se trata de una norma que delega al INE el control absoluto en la difusión de información oficial del Estado. Establece además que los sujetos ya sean personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, organizaciones autónomas y organizaciones sociales deben entregar información al INE, bajó la pena de multas en caso de incumplimiento a lo ordenado por el INE.
Todo esto nos habla de un gobierno que centraliza y busca controlar todo, como el tema de los informantes, porque el termino esta definido en la norma; otorgándole la posibilidad de que centralicen todo, definiendo qué información puede ser transparentada y qué información pude ser publica hacia la población. La ley en base a ello establece una serie de sanciones, de criminalización de las personas que no brinden la información requerida.
La posibilidad de centralizar y controlar toda la información pública, el secretismo nos habla de que tenemos un gobierno como el de Rusia, Cuba, como todo régimen donde se crea una realidad paralela a la real, con el objetivo de engañar a la población. Por ejemplo, el gobierno tiene el control para decir que no hay inflación, cuando sí la hay; o decir que estamos entre las mejores economías del mundo, cuando la realidad es otra.
Esa forma que el gobierno ha elegido para manejar las estadísticas del país, tiene el objetivo de distorsionar la realidad que viven los ciudadanos, por lo que vamos a solicitar que sea revisada y en lo posible declarada inconstitucional.
El gobierno necesita concretar un Censo 2022 que no sea transparente, que pueda manejarlo a su arbitrio para desdibujar la realidad de nuestro país y manejar la economía desde el centralismo político.
