FINRURAL preocupada por diferimiento de créditos y ve que no hay estudio técnico y pide suspender tratamiento de ley
COMUNICADO
La Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo – FINRURAL que agrupa a
las nueve (9) Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) reguladas por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, manifiestan su profunda preocupación
por la aprobación del Proyecto de Ley de Ampliación de diferimientos de créditos
hasta el mes de diciembre de 2020 promovida por la Comisión de Planificación,
Política Económica y Finanzas de la Camara de Diputados sin haber existido ningún
estudio técnico o solicitado opinión a los instancias estratégicas definidas en la Ley
N° 393 de Servicios Financieros y a los diversos actores del sistema financiero
nacional, acción que debía enmarcarse en los procedimientos establecidos en la
normativa del poder Legislativo Nacional, por lo que solicitan la suspensión de su
tratamiento.
Esta nueva iniciativa legislativa, pone en riesgo a todas las Instituciones Financieras
dedicadas a las Microfinanzas en Bolivia, y por consecuencia lógica el posible
incumplimiento de mandatos constitucionales, al dejar desprotegido a todo el
sector rural y periurbano en el cual atendemos a más de 500,000 clientes con la
participación de más de 4.300 funcionarios en el marco del mandato contenido en
la Ley N°. 393 de Servicios Financieros, que su artículo 4to. consagró la preminencia
de la FUNCION SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS que incluye la continuidad
también de los Servicios Financieros Integrales que las IFD prestan a la población
como salud, educación, asistencia técnica y capacitación.
Las Instituciones Financieras de Desarrollo, fueron las instituciones desde su origen en
los años 80, que se han constituido en actores importantes de la reactivación
económica, proveyendo servicios financieros adecuados a las necesidades y
características de los clientes y estamos conscientes que en la actual coyuntura,
deberemos asumir el mismo reto, sin embargo, es importante contar con los recursos
públicos para transferir los mismos a la población más necesitada como lo hemos
realizado con el pago de bonos y rentas a todos los bolivianos.
Es por ello, que llamamos a las Autoridades del Poder Legislativo y del Poder
Ejecutivo a generar espacios de acercamiento y establecimiento de una Estrategia
Nacional de Reactivación que viabilice recursos y normativa que promueva que las
bolivianas y bolivianos, tengan en el sistema financiero un aliado y operador
sostenible en este proceso en beneficio del país.
JULIO 2020
